UN PROBLEMA URGENTE, LA CRIMINALIZACIÓN Y REPRESIÓN DE LA PROTESTA EN TRASLASIERRA

POR ASAMBLEA ABIERTA TRASLASIERRA

En la región de Traslasierra, se ha observado un preocupante aumento de la criminalización y represión de las protestas sociales. En los últimos años, diversos sectores de la comunidad han denunciado prácticas que buscan callar las demandas legítimas de los habitantes de la zona. Estas manifestaciones suelen estar relacionadas con problemáticas ambientales o falta de acceso a servicios básicos, pero también de hechos gravísimos como la desaparición de personas o los crímenes aún sin respuesta de Santiago Aguilera, secuestrado y torturado y Alejandra Bengoa, fallecida en el incidente provocado por el ex legislador Oscar González en el camino de Altas Cumbres.

La criminalización de la protesta implica tratar como delitos, colectivos que buscan visibilizar problemáticas sociales o exigir soluciones al Estado o al Poder Judicial. En Traslasierra, esto se refleja en la judicialización de manifestantes, en la última represión del 9 de agosto con la desproporcionada intervención de las fuerzas de seguridad contra vecinos y vecinas que bloquearon parcialmente la ruta E34, en solidaridad al caso Constanza Taricco, donde el poder judicial violó tratados internacionales en materia de derecho de los niños y las niñas. Esa noche el operativo arrojó tres detenciones: Ceferino Pereyra, Juan Padilla y Cristian Caruso. En la aprehensión fueron golpeados y rociados con gas pimienta aun cuando no presentaron resistencia alguna. Actualmente siguen imputados en una causa que lleva adelante la fiscal Analía Gallarato. El uso de figuras legales como el «entorpecimiento de la vía pública» o la «resistencia a la autoridad». Son estrategias que no solo buscan desmovilizar, sino también infundir temor en los vecinos y vecinas del Valle y del resto del país.

Uno de los ejes centrales de la protesta en la región ha sido la defensa del medio ambiente, especialmente ante proyectos de explotación minera, el avance descontrolado del modelo agroindustrial o como la construcción de la Autovía de Punilla donde este mecanismo se repite con ambientalistas imputados por resistir y denunciar un negociado que afectaría de manera irrecuperable parte del único 3% de monte nativo que queda en la provincia. La fiscal Paula Kelm en este caso, es quien está a cargo de judicializar la protesta social con el mismo fin de amedrentamiento.

Las comunidades han levantado banderas en defensa del agua, los bosques nativos y la biodiversidad. Sin embargo, estas luchas han sido reprimidas con operativos policiales que, en muchos casos, han incluido el uso de violencia física. A esta situación se suma la falta de espacios genuinos de diálogo entre el Estado y las comunidades y lejos de atender los reclamos, las autoridades suelen priorizar intereses económicos ligados a grandes corporaciones o al poder político, dejando de lado los derechos de los ciudadanos y el respeto por la justicia. Es fundamental recordar que la protesta es un derecho consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos. Reprimirla vulnera nuestros derechos y establecen un Poder Judicial corrupto e injusto. Manejado como arma contra el pueblo, según el gobierno de turno.

La situación en Traslasierra exige la atención y el compromiso de toda la sociedad. Es urgente poner freno a las prácticas represivas y promover mecanismos que garanticen la participación ciudadana y el respeto por los derechos humanos. Solo así será posible construir un futuro más justo, inclusivo y sustentable.

Mientras el orden establecido sea injusto, la rebeldía será construir una nueva justicia social e igualitaria.

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